
Tomada de X/ElSolidario.Ex director del SAS, Miguel Ángel Guzmán, ha sido imputado por la adjudicación irregular de contratos por 235 millones de euros* a empresas sin concurso público.
El exdirector del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, ha sido imputado por la adjudicación irregular de contratos por 235 millones de euros a empresas sin concurso público, en un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias. La Fiscalía investiga si hubo prevaricación y fraude en licitaciones clave durante la pandemia.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (UCO) de la Guardia Civil, revela que varias empresas habrían recibido contratos millonarios sin cumplir los requisitos legales. Entre los adjudicatarios figuraban compañías vinculadas a cargos políticos y familiares de altos funcionarios, según fuentes judiciales.
Los contratos, destinados a la compra de material sanitario durante la crisis del COVID-19, habrían sido asignados mediante procedimientos de emergencia, pero la justicia sospecha que se utilizó este mecanismo para eludir la transparencia. Medios como El Confidencial y Cadena SER han documentado irregularidades en facturas y sobreprecios en estas operaciones.
Este caso se suma a otros escándalos en la gestión pública andaluza, como el de los ERE falsos, y reabre el debate sobre el control en el gasto sanitario. Organizaciones como Transparencia Internacional exigen auditorías independientes para evitar el despilfarro de fondos públicos.
Mientras la sanidad pública sufre recortes, casos como este exponen cómo el mal uso de lo público perjudica a quienes más lo necesitan. La ciudadanía merece respuestas claras y sanciones ejemplares.
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