Vincenzo Gambaretto 
Imagen generada con IA
El Gobierno declaró en 2022 como urgente la modernización de parte de su flota de aviones anfibios contra incendios. El BOE recogió aquel contrato para diseñar, certificar y suministrar 11 kits de modernización para aviones CL-215T del Ministerio para la Transición Ecológica. Cuatro años después, la renovación sigue sin completarse.
El matiz importa: no hablamos exactamente de comprar hidroaviones nuevos, sino de actualizar aparatos existentes. Según explicó La Sexta, el bloqueo estuvo relacionado con problemas del contrato del software y con advertencias jurídicas que desaconsejaron adjudicarlo porque no cumplía requisitos administrativos.
Pero en plena ola de incendios, esa explicación suena a algo demasiado conocido: el país declara urgente lo que después deja enredado en papeles. Y el fuego no espera a que se resuelva una licitación, un informe o una pelea entre departamentos.
España sí ha anunciado la llegada de siete nuevos DHC-515 de última generación, dentro de una operación europea. Pero los primeros no llegarán hasta 2028 y las entregas se prolongarán hasta 2031. Es decir: la respuesta estructuralvendrá tarde para los incendios que ya están ocurriendo.
La prevención y la extinción no se improvisan en verano. Requieren inversión sostenida, flotas operativas, mantenimiento, software actualizado, pilotos, mecánicos, bomberos forestales reconocidos y coordinación real entre administraciones.
Cuando arden Madrid, Ávila o Cataluña, no basta con elogiar a quienes se juegan la vida. También hay que mirar qué medios tenían, qué se prometió, qué se declaró urgente y qué no se hizo.
La emergencia climática alarga temporadas, endurece sequías y multiplica riesgos. Frente a eso, cada retraso pesa.
El fuego no entiende de excusas administrativas. Entiende de viento, combustible y medios disponibles.
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