El Gobierno declaró en 2022 como urgente la modernización de parte de su flota de aviones anfibios contra incendios. El BOE recogió aquel contrato para diseñar, certificar y suministrar 11 kits de modernización para aviones CL-215T del Ministerio para la Transición Ecológica. Cuatro años después, la renovación sigue sin completarse.
El matiz importa: no hablamos exactamente de comprar hidroaviones nuevos, sino de actualizar aparatos existentes. Según explicó La Sexta, el bloqueo estuvo relacionado con problemas del contrato del software y con advertencias jurídicas que desaconsejaron adjudicarlo porque no cumplía requisitos administrativos.
Pero en plena ola de incendios, esa explicación suena a algo demasiado conocido: el país declara urgente lo que después deja enredado en papeles. Y el fuego no espera a que se resuelva una licitación, un informe o una pelea entre departamentos.
España sí ha anunciado la llegada de siete nuevos DHC-515 de última generación, dentro de una operación europea. Pero los primeros no llegarán hasta 2028 y las entregas se prolongarán hasta 2031. Es decir: la respuesta estructuralvendrá tarde para los incendios que ya están ocurriendo.
La prevención y la extinción no se improvisan en verano. Requieren inversión sostenida, flotas operativas, mantenimiento, software actualizado, pilotos, mecánicos, bomberos forestales reconocidos y coordinación real entre administraciones.
Cuando arden Madrid, Ávila o Cataluña, no basta con elogiar a quienes se juegan la vida. También hay que mirar qué medios tenían, qué se prometió, qué se declaró urgente y qué no se hizo.
La emergencia climática alarga temporadas, endurece sequías y multiplica riesgos. Frente a eso, cada retraso pesa.
El fuego no entiende de excusas administrativas. Entiende de viento, combustible y medios disponibles.
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