En Ceuta hay miles de menores migrantes que llegaron solos y que la ciudad, por sí sola, no puede acoger dignamente. Solo tiene capacidad real para 29 menores. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunió el 11 de septiembre con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para coordinar una respuesta urgente basada en el interés superior del menor.
Las cifras explican la magnitud del problema. Desde la gran llegada del 31 de julio, 2.678 menores han entrado en Ceuta. De ellos, 1.478 ya están registrados por las autoridades, pero se calcula que unos 1.200 siguen en la calle, sin la protección que necesitan por su edad.
El mecanismo actual para repartir a estos menores entre comunidades autónomas, aprobado por real decreto en 2025, funciona a un ritmo de solo 60 traslados al mes. Con ese ritmo, trasladar a los 2.678 menores tardaría casi cuatro años, un plazo que ninguna infancia debería tener que esperar en la calle.
Por eso, el Gobierno plantea ahora vías extraordinarias: acuerdos con asociaciones de protección a la infancia para acoger a 500 menores de forma inmediata, convenios bilaterales entre territorios y acogimiento familiar. Rego insiste en que la responsabilidad debe repartirse entre todas las administraciones, no recaer solo en Ceuta.
El obstáculo, sin embargo, es político. El PP y Vox han rechazado de plano la redistribución obligatoria de menores. Las comunidades gobernadas por Vox —Aragón, Extremadura y Castilla y León— boicotearon la conferencia sectorial de infancia del 27 de agosto, y Madrid y Baleares, gobernadas por el PP, también han mostrado resistencia. Aun así, los traslados siguen siendo obligatorios por ley.
Mientras los partidos discuten cuotas y competencias, son niños y adolescentes quienes esperan, muchos de ellos durmiendo en la calle, a que España decida si la protección a la infancia depende del lugar donde nacieron o de los derechos que, sobre el papel, tienen todos por igual.
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