Fondos de inversión venden pisos ocupados en barrios obreros, afectando a familias vulnerables
Pilar 
El Solidario. España atraviesa una de las crisis de vivienda más graves.
En los barrios obreros de España, se multiplican los anuncios de pisos en venta a precios por debajo del mercado, con advertencias como «ocupado sin posibilidad de visita» y «solo para inversores».
Esta práctica de los fondos de inversión está generando preocupación, ya que en muchos casos los inquilinos cuentan con contratos válidos, como alquileres sociales o están acogidos a moratorias hipotecarias.
Claudia, de 60 años, y su esposo con discapacidad, enfrentaron la pérdida de su vivienda durante la gran recesión. Tras negociar una dación en pago y obtener un alquiler social, han cumplido puntualmente con los pagos.
Sin embargo, recientemente descubrieron que su hogar, propiedad de Solvia, se oferta por 40.000 euros en portales inmobiliarios, etiquetado como «ocupado». Esta situación es angustiante para Claudia, quien afirma: «No dice que somos inquilinos, nos tratan como ocupas».
María, otra afectada, reside en Carabanchel en un piso que perteneció al Sabadell y luego a Solvia. A pesar de tener un contrato de alquiler social, la propiedad intentó no renovarlo y la llevó a juicio.
El tribunal falló a su favor, pero posteriormente el fondo puso el piso en venta como «ocupado ilegalmente». Desde entonces, María ha recibido visitas y ofertas monetarias para que desocupe la vivienda, pero ella necesita un hogar estable para su hija de 14 años.
Según Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), estas prácticas se han incrementado exponencialmente en los últimos años, afectando especialmente a inquilinos con alquileres sociales o moratorias hipotecarias. Estas viviendas, provenientes de ejecuciones hipotecarias, se encuentran principalmente en barrios humildes de ciudades como Madrid y municipios como Parla, Getafe y Leganés.
La antropóloga social Irene Sabaté señala que esta estrategia comercial pervierte la función social de la vivienda, privilegiando a inversores privados y expulsando a quienes buscan un hogar. Además, alimenta la industria de la desokupación extrajudicial, que crece con impunidad, ya que los inversores buscan desalojar rápidamente a los ocupantes.
Esta problemática refleja una crisis habitacional en España, donde la vivienda se ha convertido en un activo financiero, dejando de lado su función esencial como hogar.
Es crucial que las políticas públicas prioricen el derecho a una vivienda digna, protegiendo a las familias vulnerables y regulando las prácticas de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario.
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