
Imagen: infolibre.es. EL Solidario. Una mano de un anciano cuidado por una enfermera.
La ausencia de datos precisos sobre las muertes en residencias de mayores en España impide una supervisión adecuada de estos centros, según denuncian expertos y organizaciones de derechos humanos.
Esta opacidad dificulta la implementación de medidas preventivas y la mejora de la atención sanitaria para los residentes.
Durante la pandemia de COVID-19, las residencias de ancianos fueron epicentro de una crisis sanitaria sin precedentes. Según datos de Statista, hasta el 31 de octubre de 2021, se registraron más de 30.680 fallecimientos en estos centros a causa del virus.
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Sin embargo, la falta de transparencia y la disparidad en la recopilación de datos entre comunidades autónomas han generado incertidumbre sobre las cifras reales.
Amnistía Internacional ha criticado la opacidad de las instituciones estatales, señalando que, tras aproximadamente 35.000 muertes de personas mayores en residencias, las víctimas y sus familiares solo han recibido falta de transparencia por parte de la Fiscalía y ausencia de justicia en los tribunales.
Fallecimientos que se pueden evitar
La Comunidad de Madrid, por ejemplo, registró una mortalidad en residencias que duplicó la media de otras regiones durante los meses de marzo y abril de 2020. Un informe reveló que muchas de estas defunciones pudieron haberse evitado con una atención sanitaria adecuada, la cual se vio limitada por decisiones políticas y de gestión.
La falta de datos precisos impide identificar patrones y áreas de mejora en la gestión de las residencias. Sin estadísticas fiables, es complejo evaluar la eficacia de las medidas implementadas o diseñar estrategias que eviten futuras tragedias.
Los expertos insisten en la necesidad de establecer un sistema unificado de recopilación de datos que permita una respuesta coordinada y efectiva ante emergencias sanitarias.
Además, la transparencia en la información es esencial para garantizar justicia y reparación a las familias afectadas. Sin datos claros, se perpetúa la impunidad y se dificulta la implementación de políticas públicas que protejan a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por tanto, la falta de datos precisos sobre las muertes en residencias de mayores en España representa un obstáculo significativo para el control y mejora de estos centros.
La transparencia y la recopilación rigurosa de información son fundamentales para prevenir futuras tragedias y garantizar una atención digna a las personas mayores.
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