Europa investigará a España por el fracaso del Ingreso Mínimo Vital
Alfonsina 
El Solidario. Ley para la inhabilitación cautelar para contratar con la administración pública a empresas inmersas en procesos judiciales por corrupción.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha admitido a trámite una reclamación colectiva contra el Estado español por la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La denuncia, interpuesta por la organización ATD Cuarto Mundo, cuestiona que el IMV incumple varios artículos de la Carta Social Europea, entre ellos el 13.1, 16 y el artículo E, que garantizan la protección social y la igualdad.
Por ejemplo, en relación con el artículo E, el Comité Europeo puede valorar si las condiciones de acceso, los cobros indebidos, o las devoluciones masivas afectan de forma discriminatoria, a mujeres, migrantes, familias monoparentales o personas en situación de pobreza crónica.
Aunque el IMV nació con la promesa de llegar a 850.000 familias, la realidad ha sido muy distinta. Numerosos beneficiarios han recibido notificaciones para devolver miles de euros por supuestos “cobros indebidos”, que surgen años después por superar mínimamente los umbrales establecidos. Una arbitrariedad que, lejos de proteger, ahonda la exclusión.
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Los afectados y las organizaciones denuncian que estas reclamaciones se basan en datos que la Administración ya poseía y que no fueron correctamente gestionados. “No es mala fe. Es incompetencia institucional”, subrayan desde ATD. El Tribunal Supremo ya ha reconocido en otros casos que no puede exigirse la devolución si el error proviene del sistema.
Europa ha exigido al gobierno español que presente alegaciones antes del 14 de agosto. Mientras tanto, las víctimas esperan respuestas. La admisión a trámite marca un precedente para otras posibles sanciones a políticas públicas que castigan a quienes deberían proteger.
La lucha contra la pobreza no puede convertirse en una trampa burocrática. Es imprescindible aplicar una perspectiva de género, interseccional y de derechos en las políticas sociales. Crear espacios seguros comienza por garantizar que el Estado no revictimice a quienes ya viven en la precariedad.
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