Moreno Sanlés Alberto 
BBC/ElSolidario: El acuerdo todavía debe transformarse en un texto legal completo y ser ratificado por las partes
España y Reino Unido alcanzan un nuevo acuerdo para regular la frontera entre La Línea de la Concepción y Gibraltar. Tras cinco años, ambos países han conseguido resolver una incógnita jurídica que surgió con el Brexit, la salida del país anglosajón de la Unión Europea.
El anuncio, realizado este miércoles en Bruselas, contó con la participación del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, su homólogo británico, David Lammy, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo; y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. Finalmente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitaba por teléfono al primer ministro británico, Keir Starmer, por haber logrado un acuerdo “donde otros habían fracasado”.
El acuerdo todavía debe transformarse en un texto legal completo y ser ratificado por las partes, pero marca un hito decisivo para cerrar uno de los capítulos más complejos y sensibles del Brexit.
Desaparece la verja y se mantiene la fluidez en el tránsito
El pacto prevé la eliminación de la verja construida en 1908 y de todos los controles físicos entre ambos lados de la frontera, lo que permitirá mantener la libre circulación de personas y mercancías, como ya sucede en la práctica. Cada día cruzan esa línea unas 15.000 personas, muchas de ellas trabajadores, que no necesitarán pasaporte ni visado.
La policía española será la máxima encargada de controlar la entrada en el puerto y aeropuerto del Peñón, aunque también habrá presencia de agentes gibraltareños. Esta fórmula, inspirada en el modelo del tren Eurostar entre Reino Unido y Francia, ha sido uno de los principales escollos de la negociación.
Está previsto establecer una unión aduanera entre Gibraltar y la UE, sujeta a acuerdos fiscales y de armonización normativa en ámbitos como los impuestos al tabaco, el medioambiente, los derechos laborales y la lucha contra el blanqueo de capitales.
El acuerdo llega en un momento crítico, justo antes de que la UE empiece a aplicar un sistema electrónico de control biométrico de pasaportes para los ciudadanos de terceros países, incluidos los británicos.
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