España regula inversión extranjera por crisis inmobiliaria

El Gobierno español propone medidas fiscales para proteger el acceso a la vivienda frente a la especulación extranjera.

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El Gobierno de España ha puesto en el punto de mirar a los compradores extranjeros como parte de una estrategia para frenar la creciente crisis inmobiliaria. Con el aumento exponencial de adquisiciones de viviendas por parte de inversores extranjeros en regiones como Baleares, Cataluña y la Costa del Sol, las comunidades locales están siendo desplazadas ante el encarecimiento de los precios y la escasez de oferta en el mercado.

Según datos del Colegio de Registradores, en 2024 los compradores internacionales representaron el 13,8% del total de transacciones inmobiliarias en el país, con picos del 40% en las Islas Baleares . Este fenómeno ha disparado los precios en áreas turísticas y urbanas, dejando a las familias españolas en una posición de desventaja.

Un nuevo impuesto como herramienta de justicia social

Entre las medidas propuestas, el Gobierno ha planteado un impuesto especial a la compra de inmuebles por no residentes en España. Esta medida busca desincentivar la especulación extranjera y garantizar un acceso más justo a la vivienda para los ciudadanos locales. Además, se estudian limitaciones a las transacciones en áreas de alta presión inmobiliaria, similares a las aplicadas en países como Canadá y Nueva Zelanda, que enfrentan problemas similares.

El encarecimiento del alquiler también forma parte de esta crisis. Según un informe de Idealista, los precios de alquiler en España alcanzaron un máximo histórico en 2024, subiendo un 10% interanual en Madrid y Barcelona. La falta de vivienda asequible está golpeando especialmente a los jóvenes y las familias trabajadoras.

Inversión o derechos fundamentales

Mientras los defensores de estas medidas las consideran un paso necesario para proteger el derecho a la vivienda, los detractores argumentan que podrían disuadir inversiones extranjeras que dinamizan ciertos sectores económicos. Sin embargo, los colectivos progresistas subrayan que priorizar los beneficios económicos sobre el bienestar de las personas perpetúa la desigualdad y la exclusión social.

España, como firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental y no como un privilegio para unos pocos.

¿Debe España limitar aún más la inversión extranjera en vivienda para proteger a sus ciudadanos?

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