
EP/ElSolidario: el informe destaca el crecimiento del Programa de Atención Humanitaria (PAH), dirigido a personas llegadas a España en situación vulnerable
El Gobierno de España ha consolidado en los últimos diez años una importante ampliación del Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI). Con motivo del Día Mundial del Refugiado, la Secretaría de Estado de Migraciones ha publicado un informe que revela que el número de plazas ha pasado de 1.920 en 2015 a 34.062 en junio de 2025, lo que supone un incremento de 32.142 plazas para atender a personas solicitantes de asilo y refugiadas.
El SAPI ofrece atención integral a personas sin recursos económicos que solicitan o han recibido protección internacional o temporal en España.
2023 se alcanzó un récord histórico con 163.220 solicitudes de asilo, cifra que aumentó un 2,5% en 2024. En lo que va de 2025, ya se han registrado 64.638 nuevas solicitudes, procedentes principalmente de personas venezolanas, colombianas y peruanas.
49.691 personas atendidas por el SAPI en 2024
Entre enero y junio de este año, el SAPI ha atendido a 49.691 personas, lo que representa casi el 70% del total atendido durante todo 2024.
Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la lista con 11.334 personas acogidas, seguida por Madrid (7.613) y Cataluña (6.630). De los beneficiarios en este periodo, 31.082 son hombres, 18.609 mujeres y 11.065 menores de edad. España ocupa actualmente el cuarto lugar en la Unión Europea en cuanto al número de beneficiarios de protección temporal, con más de 244.000 personas ucranianas acogidas desde el inicio de la guerra.
Además, el informe destaca el crecimiento del Programa de Atención Humanitaria (PAH), dirigido a personas llegadas a España en situación vulnerable. Entre 2010 y 2024, este programa ha visto aumentar sus plazas de acogida hasta las 27.519, con servicios que abarcan desde atención sociosanitaria urgente hasta orientación para acceder al SAPI.
El Ministerio también ha mantenido durante 2024 y 2025 su compromiso con los programas de reasentamiento, con una cuota anual de 1.200 personas refugiadas.
Con estas medidas, España refuerza su compromiso con los derechos humanos y su apuesta por una integración sostenible y solidaria en un contexto global marcado por el aumento de los desplazamientos forzosos.
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