Ismael Valdenebro 
RTVE
España atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de natalidad, con cifras que reflejan un descenso sostenido en el número de nacimientos en las últimas décadas. Según los datos más recientes, en 2024 se registraron 318.005 nacimientos, el nivel más bajo en términos históricos, aunque en 2025 se apunta a una ligera recuperación con más de 321.000 nacimientos estimados.
Este fenómeno no es exclusivo de España, sino que forma parte de una tendencia más amplia en Europa. De acuerdo con la Comisión Europea, la tasa de fecundidad en España se sitúa en 1,10 hijos por mujer, una de las más bajas de la Unión Europea y lejos del nivel necesario para el relevo generacional.
Las diferencias territoriales también son significativas. Comunidades como Canarias, Asturias o Galicia presentan algunos de los índices más bajos, con cifras que en algunos casos no alcanzan un hijo por mujer. Este escenario refleja desigualdades sociales, económicas y territoriales que influyen directamente en las decisiones reproductivas.
Uno de los factores clave detrás de esta tendencia es el retraso en la edad de maternidad. En la actualidad, la edad media del primer hijo se sitúa en torno a los 32,6 años, frente a los 25,6 años de 1980. Además, el porcentaje de mujeres que son madres a partir de los 40 años ha aumentado de forma progresiva, superando ya el 8,5 %.
Este cambio responde, en gran medida, a transformaciones sociales como la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la prolongación de los estudios y la búsqueda de estabilidad antes de formar una familia. También influyen factores como la conciliación entre vida laboral y familiar, aún pendiente de mejora.
Por otro lado, la aportación de la población extranjera resulta relevante, ya que presenta una tasa de fecundidad ligeramente superior, lo que contribuye a sostener parcialmente las cifras globales.
Expertos y organismos internacionales coinciden en que abordar este desafío requiere políticas públicas centradas en el apoyo a las familias, la mejora de la conciliación, el acceso a servicios de educación infantil y medidas que reduzcan la incertidumbre económica.
El reto demográfico, lejos de simplificaciones, plantea la necesidad de un enfoque integral que garantice condiciones de vida dignas y facilite a las personas desarrollar sus proyectos vitales en libertad.
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