El Consejo de Ministros aprobó este martes, tras una negociación que se extendió hasta última hora de la madrugada entre el PSOE y Sumar, dos decretos que blindan a los inquilinos frente a la crisis de la vivienda. La norma prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el año 2030 y extiende automáticamente dos años todos los contratos de alquiler que venzan antes de diciembre de 2028. El Gobierno calcula que la medida beneficiará a cerca de cinco millones de inquilinos.
El decreto limita además las subidas de renta al 0% sobre el índice de referencia en las zonas tensionadas y a un máximo del 2% anual en el resto del país. Veta a los fondos buitre la compra de vivienda residencial hasta 2028, endurece la fiscalidad de las viviendas vacías y elimina las ventajas fiscales de las socimis que no reparten beneficios. Los alquileres turísticos quedan limitados a 31 días de duración máxima y pasan a tributar un IVA del 10%.
La norma llega después de semanas de presión en la calle. La acampada de la Puerta del Sol, sostenida por colectivos de vivienda bajo el lema «Ni una Maricarmen más», exigía un decreto único y contundente mientras el caso de Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada tras 70 años viviendo en su casa, se convertía en símbolo de una crisis que golpea sobre todo a quienes menos tienen. Que la negociación final se resolviera contrarreloj, ya con el Consejo de Ministros convocado, da una idea de lo disputado que resultó cada punto frente a la patronal inmobiliaria y los grandes tenedores.
La medida, no obstante, deberá superar en un mes la convalidación en el Congreso, donde el Gobierno no tiene garantizada una mayoría estable. El pulso por la vivienda no termina con la firma del decreto: sigue en las calles, en los juzgados y ahora también en la tramitación parlamentaria.
Que un país necesite prohibir por ley el desahucio de una mujer de 87 años para frenar la sangría de la vivienda dice mucho de hasta dónde ha llegado la desprotección de quien alquila. El decreto es un paso importante, no la solución definitiva: mientras los salarios no suban al ritmo de las rentas, la vivienda seguirá siendo, para millones de personas, el mayor motivo de angustia cotidiana.
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