En Navarra, dos mujeres con discapacidad son obligadas a trabajar, pese a necesitar asistencia para moverse, cometiendo una violación de derechos laborales.
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En un acto de absoluta injusticia, María Elena Escudero y María Ángeles Andrés, ambas empleadas del sector de la limpieza, han sido obligadas a reincorporarse a sus puestos, a pesar de sus evidentes discapacidades. María Elena utiliza una silla de ruedas y María Ángeles un andador, pero eso no ha detenido a las empresas y la Seguridad Social, que las han declarado “aptas con limitaciones”, ignorando completamente los informes médicos que certifican sus serias limitaciones físicas.
Ignorancia total a los informes médicos, una decisión inhumana
Osasunbidea, el servicio médico, certificó que ambas mujeres tienen discapacidades superiores al 50%, lo que las limita severamente para realizar actividades cotidianas. A pesar de esto, han sido forzadas a realizar labores de limpieza, tareas que claramente requieren esfuerzo físico. “Obligarlas a trabajar en estas condiciones es una muestra del desprecio hacia los derechos laborales y humanos más básicos”, denunció Imanol Karrera, portavoz del sindicato LAB.
María Ángeles, que cuenta con una discapacidad reconocida del 56%, declaró: “No puedo mantenerme de pie mucho tiempo, pero esperan que limpie como si nada”. A pesar de su situación, la inspección médica de la Seguridad Social rechazó otorgarles la incapacidad permanente, lo que evidencia un sistema que antepone el interés económico a la salud y dignidad de las trabajadoras.
¿Es solo cuestión de dinero? La realidad detrás del problema
El sindicato LAB ha denunciado que esta situación responde a una política de ahorro económico. Según Karrera, la Seguridad Social tiene instrucciones claras de evitar conceder incapacidades permanentes, forzando a empleados a trabajar bajo condiciones inaceptables. En el caso de María Elena, cuya movilidad está tan reducida que necesita una silla de ruedas, la empresa decidió que debía reincorporarse a su puesto de trabajo en un colegio.
La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta cuándo se permitirá que el sistema degrade la calidad de vida de personas trabajadoras para ahorrar costes? Las trabajadoras siguen luchando por un trato digno, pero esta batalla no debería librarse en solitario.
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Fuente: meneame.net