
Archivo/El Solidario. La decisión judicial ha generado un intenso debate.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que la indemnización por despido improcedente debe mantenerse en 33 días por año trabajado, descartando la posibilidad de que los tribunales puedan incrementarla basándose en las circunstancias específicas de cada caso.
Este fallo, que pretende alinearse con la normativa internacional, revela nuevamente las limitaciones de un sistema que no siempre protege de manera equitativa los derechos de los trabajadores frente a las prácticas abusivas.
La decisión judicial ha generado un intenso debate. Por un lado, se argumenta que esta postura respeta el marco legal vigente y da seguridad jurídica a las empresas. Sin embargo, desde una perspectiva progresista, este fallo es un jarro de agua fría para quienes defienden que la justicia laboral debe ser sensible a la realidad de los trabajadores, especialmente en un contexto donde los despidos abusivos no son infrecuentes.
Los 33 quedaron obsoletos
El límite de 33 días nació como un intento de equilibrio, pero en la práctica ha quedado obsoleto frente a los cambios del mercado laboral. Trabajadores con contratos precarios, jornadas parciales y salarios bajos enfrentan una doble vulnerabilidad: primero, la pérdida del empleo; y segundo, una compensación que difícilmente cubre el impacto económico y emocional de ser despedido injustamente.
El Supremo, al dictar este fallo, parece ignorar la desprotección que sufren muchos empleados. Argumentar que esta medida es «compatible con la normativa internacional» no basta cuando las condiciones laborales de miles de personas siguen deteriorándose. Con este fallo, el derecho debe evolucionar para responder a las demandas de una sociedad que exige mayor equidad en las relaciones laborales.
Es momento de preguntarnos: ¿qué tipo de justicia queremos? ¿Una que se limite a cumplir con mínimos legales, o una que se atreva a defender a los más vulnerables?
Si seguimos priorizando los intereses empresariales sobre los derechos de los trabajadores, ¿quién se hará cargo del coste social de estas decisiones? El compromiso con una justicia laboral auténtica debe ser ineludible.
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