
Tomada de El País: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este miércoles en Madrid.
El fallo judicial cuestiona la medida que incrementa los costes a las compañías energéticas, en un contexto de creciente preocupación ambiental.
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Los migrantes frente al desafío
El Tribunal Supremo ha dado un golpe inesperado al Gobierno al anular parte de la subida de la Tasa Enresa, la tarifa que las eléctricas deben abonar por la gestión de residuos radiactivos. Esta decisión pone en evidencia la contradicción entre las políticas energéticas del Ejecutivo y la necesidad de garantizar una transición energética sostenible y justa.
La Tasa Enresa, creada para financiar la gestión de residuos nucleares, había experimentado un aumento del 30% bajo el Gobierno, una medida que, en teoría, pretendía incrementar los recursos para la protección del medio ambiente. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que este incremento es ilegal, argumentando que no se justifica suficientemente en términos de la sostenibilidad y la equidad que la ley exige.
A pesar de que la subida estaba destinada a financiar la gestión ambiental de los residuos nucleares y fortalecer las infraestructuras energéticas del país, el fallo refleja una creciente presión sobre las políticas que no garantizan una equidad real entre las grandes corporaciones y la ciudadanía. Las eléctricas, que llevan años acumulando beneficios multimillonarios, se benefician de un marco regulatorio que no siempre refleja el coste ambiental de sus operaciones. Según datos de la CNMC, las grandes compañías eléctricas obtuvieron beneficios de más de 6.000 millones de euros en el último ejercicio fiscal.
El sector ambiental, por su parte, denuncia que la decisión del Supremo abre la puerta a una posible relajación de las medidas necesarias para combatir la crisis climática. Los grupos ecologistas exigen al Gobierno que no ceda ante los intereses corporativos y que refuerce las políticas que apunten a una transición energética más justa, centrada en la protección del medio ambiente y la salud de las generaciones futuras.
¿Está el Gobierno dispuesto a asumir los costes reales de la transición energética o prevalecerán los intereses de las grandes empresas?
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