Fausto 
Archivo/El Solidario. Este pacto forma parte de un legado de opacidad heredado de la Ley de Secretos Oficiales, una norma obsoleta que data de la dictadura franquista.
La negativa del Ministerio de Exteriores a informar sobre el acuerdo de confidencialidad firmado por Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ministerio de Defensa de Israel en 2014, revela un preocupante retroceso en la transparencia y el control democrático sobre decisiones estratégicas.
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Este pacto, que protege la cooperación militar y comercial de armas entre ambos países, perpetúa un modelo de secretismo incompatible con los valores de una sociedad abierta y democrática.
El convenio, que otorga un poder desmedido al CNI y a las autoridades israelíes para decidir qué información permanece clasificada, no solo limita el acceso del Congreso a temas de interés público, sino que legitima relaciones comerciales con un Estado señalado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Palestina. Esto plantea serias preguntas éticas sobre las prioridades de la política exterior española.
Este pacto forma parte de un legado de opacidad heredado de la Ley de Secretos Oficiales, una norma obsoleta que data de la dictadura franquista y que sigue siendo utilizada para proteger decisiones de impacto nacional e internacional. En este caso, el silencio oficial no solo invisibiliza las implicaciones de estas transacciones armamentísticas, sino que también dificulta la rendición de cuentas en un sector marcado por su complejidad y su sensibilidad.
La doble moral del negocio armamentista
España, como país miembro de la Unión Europea y signatario de tratados internacionales que promueven la paz y los derechos humanos, tiene la obligación de alinearse con estos principios. Sin embargo, el acuerdo con Israel contradice este compromiso.
Las armas «probadas en combate» exportadas e importadas por España no solo refuerzan la maquinaria militar israelí, sino que también validan indirectamente su uso en conflictos que perpetúan la ocupación y el sufrimiento del pueblo palestino.
Es imperativo que el Gobierno revise este pacto y priorice la reforma de las normativas que sostienen este secretismo. La ciudadanía merece claridad sobre cómo se gestionan los recursos públicos y qué valores éticos guían estas decisiones.
Abogar por un embargo total y permanente de armas hacia países en conflicto o con historiales represivos es un paso necesario para recuperar la confianza institucional y avanzar hacia una política exterior coherente con los ideales democráticos.
¿Crees que es obligatorio para el Gobierno sacar a la luz pública los acuerdos de armas con Israel?
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