Pilar 
Fuente: La Moncloa
La Declaración de Derechos del Mar Menor por parte de la ONU ha dividido a los colectivos ecologistas: mientras algunos lo celebran como un triunfo simbólico, otros denuncian que es papel mojado sin acciones concretas para salvar la laguna.
El organismo internacional ha reconocido al Mar Menor como «sujeto de derechos», un hito jurídico sin precedentes en España. Colectivos como Pacto por el Mar Menor valoran este paso como una herramienta para exigir mayor protección legal.
Sin embargo, organizaciones como Ecologistas en Acción advierten: «Sin financiación, vigilancia y medidas drásticas contra la contaminación por nitratos, esto se queda en un gesto vacío».
La polémica surge mientras los informes científicos siguen alertando del deterioro del ecosistema. A pesar de las inversiones anunciadas por el Gobierno regional, los vertidos agrícolas y la presión urbanística continúan. El reconocimiento de la ONU no obliga a España a tomar medidas, lo que aumenta el escepticismo.
Este debate refleja una contradicción global: ¿sirven las declaraciones institucionales sin voluntad política para aplicarlas? El Mar Menor es un símbolo de la crisis ambiental española, y su futuro dependerá de hechos, no de papeles. La ONU ha hablado. Ahora, ¿quién actúa?
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