El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, miles de personas volvieron a ocupar las calles de América Latina y el Caribe. En Buenos Aires, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó un pañuelazo frente al Congreso, con talleres, feria de libros y batucada desde las 16:00 hasta el tradicional pañuelazo de las 18:30. La escena se repitió, con matices propios, desde México hasta Chile.
La región sigue dividida en tres bloques desiguales. Solo cinco países —México, Cuba, Argentina, Colombia y Uruguay— permiten el aborto sin necesidad de justificación en las primeras semanas de embarazo. Otros diez, entre ellos Brasil, Chile, Perú y Bolivia, lo autorizan solo bajo supuestos concretos como violación o riesgo para la salud. Y seis países —El Salvador, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam— lo prohíben por completo, sin excepciones.
Tener la ley de tu lado no siempre significa tener acceso real. En Argentina, donde el aborto es legal hasta la semana 14 desde 2020, el Gobierno de Javier Milei ha recortado un 57% el presupuesto destinado a salud sexual y reproductiva, con desabastecimiento de misoprostol y mifepristona y recortes al Plan ENIA. En Colombia, un proyecto de ley del Centro Democrático amenaza con recriminalizar lo que ya se había conquistado. En Chile, el movimiento feminista enfrenta lo que sus propias organizaciones llaman una «ola antiderechos».
El caso más crudo sigue siendo El Salvador, donde el aborto está prohibido sin excepción alguna. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha logrado sacar de prisión a 81 mujeres condenadas por este delito desde 2009. Pero la cifra tiene una contracara: solo durante el Gobierno de Nayib Bukele, al menos 27 mujeres más han sido procesadas por abortar, muchas de ellas tras sufrir emergencias obstétricas que ni siquiera eran abortos provocados.
Ese contraste —entre las mujeres liberadas y las que siguen entrando a prisión— resume lo que está en juego cada 28S. El lema que unió ayer las plazas de todo el continente, «que ninguna persona sea obligada a continuar un embarazo contra su voluntad», no pide un permiso legal abstracto: pide que ese permiso se pueda ejercer sin depender del código postal, del gobierno de turno o de si hay o no misoprostol en el centro de salud más cercano.
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