
Tomada de Andalucia Información: El Ministerio ha lanzado la audiencia pública del proyecto de Real Decreto por el que se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos
El Gobierno de España ha aprobado un registro de alquileres de corta duración como parte de un plan integral para combatir la crisis habitacional y garantizar un acceso más equitativo a la vivienda. Esta medida se complementa con la transferencia de viviendas para ampliar el parque público, una acción que busca reforzar el derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria.
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Controlar el alquiler turístico para recuperar la vivienda
El registro nacional de alquileres de corta duración es una herramienta destinada a identificar y regular los pisos destinados al alquiler turístico.
Este sector ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas, lo que ha derivado en el encarecimiento de los alquileres tradicionales y la expulsión de vecinos en las principales ciudades. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende proteger el tejido social de los barrios más afectados, garantizar el cumplimiento de la normativa y desincentivar la «turistificación» descontrolada.
Por otro lado, la transferencia de viviendas de titularidad pública para ampliar el parque habitacional responde a la urgencia de brindar opciones asequibles a las personas en situación de vulnerabilidad.
Este refuerzo al parque público es un paso clave en el compromiso por reducir las desigualdades sociales, fomentar la cohesión urbana y garantizar que la vivienda se trate como un derecho, no como un lujo.
Un paso necesario ¿pero es suficiente?
Si bien estas medidas han sido aplaudidas por colectivos progresistas y defensores del derecho a la vivienda, también han generado críticas desde sectores conservadores y asociaciones empresariales, quienes temen que la regulación afecte la inversión privada. La cuestión sigue siendo si estas medidas serán suficientes para frenar la escalada de precios y garantizar el acceso universal a la vivienda.
¿Serán estas políticas el cambio que España necesita para equilibrar el derecho a la vivienda con la actividad económica?
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