El Gobierno facilita a las comunidades de vecinos limitar los pisos turísticos
Delismar González Tortolero 
La iniciativa, promovida por Sumar y respaldada por el PSOE, busca eliminar las barreras económicas
El Congreso ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno a reducir los aranceles notariales y registrales que deben abonar las comunidades de propietarios al modificar sus estatutos para limitar o prohibir el uso de viviendas como pisos turísticos. La iniciativa, promovida por Sumar y respaldada por el PSOE, busca eliminar las barreras económicas que dificultan a las comunidades ejercer su derecho a regular el uso turístico de las viviendas en sus edificios.
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Actualmente, para que una comunidad de vecinos pueda restringir o prohibir los alquileres turísticos, es necesario modificar los estatutos de la comunidad y registrar dicha modificación en el Registro de la Propiedad. Este proceso implica costes asociados a los honorarios notariales por levantar acta de la junta de propietarios y a los aranceles registrales por inscribir la modificación estatutaria.
Según Sumar, estos costes son «bastante altos» y difíciles de calcular con antelación, lo que representa un impedimento económico para muchas comunidades.
La proposición no de ley aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso propone «limitar o bonificar» estos aranceles y unificarlos para reducir el coste total de las inscripciones. Además, aboga por «facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral» y por «establecer criterios claros y objetivos para la determinación de los aranceles registrales, que eviten la interpretación subjetiva y la aplicación de tarifas desproporcionadas».
El Partido Popular (PP) votó en contra de la iniciativa, argumentando que, tras la última reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, la modificación estatutaria ya no es un requisito indispensable para prohibir los pisos turísticos. Vox se abstuvo en la votación.
La proliferación de viviendas de uso turístico ha generado tensiones en muchas comunidades de vecinos, que ven alterada su convivencia y el uso residencial de sus edificios. Al reducir los costes asociados a la modificación de estatutos, el Gobierno busca empoderar a las comunidades para que puedan ejercer su derecho a regular el uso de las viviendas en sus inmuebles.
Esta medida representa un paso hacia una mayor autonomía de los propietarios y una herramienta para equilibrar los intereses turísticos con el derecho a una vivienda digna y una convivencia armoniosa.
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