Fausto 
Archivo: El Solidario. La Ley de Nietos ha sido un instrumento esencial para reparar el daño histórico sufrido por miles de familias que fueron forzadas al exilio.
Un paso hacia la justicia histórica y los derechos humanos
El Gobierno de España ha anunciado la prórroga por un año más de la Ley de Nietos, una legislación crucial que permite a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista adquirir la nacionalidad española. Esta extensión reafirma el compromiso del Ejecutivo con la justicia histórica y la defensa de los derechos humanos.
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Un compromiso con la memoria histórica
La Ley de Nietos ha sido un instrumento esencial para reparar el daño histórico sufrido por miles de familias que fueron forzadas al exilio. A través de esta ley, los descendientes de aquellos que tuvieron que abandonar España debido a la persecución política pueden recuperar su conexión con la patria de sus ancestros.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó la importancia de esta prórroga. “Esta medida no solo es un acto de justicia, sino también un reconocimiento del sufrimiento y la resiliencia de quienes fueron expulsados de su tierra natal”, afirmó Llop.
Desde su implementación, la Ley de Nietos ha facilitado la obtención de la nacionalidad española a miles de personas, fortaleciendo los lazos entre España y la diáspora. La prórroga permitirá que más descendientes de exiliados puedan acceder a este derecho, promoviendo así la reconciliación histórica y el fortalecimiento de la identidad cultural.
Una política de derechos humanos
La prórroga de esta ley refleja el compromiso del Gobierno con los derechos humanos y la justicia social. “Estamos dedicados a asegurar que las injusticias del pasado no se olviden y que se haga justicia para todas las familias afectadas. Esta ley es una muestra de nuestra voluntad de reconocer y reparar el pasado”, subrayó la ministra.
El Gobierno español insta a todos los descendientes de exiliados a aprovechar esta extensión y solicita la colaboración de las embajadas y consulados para facilitar el proceso. Con esta prórroga, España da un paso significativo hacia la reparación de su historia y reafirma su compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos.
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