El Gobierno andaluz cambió su postura respecto a las viviendas turísticas. Después de haber negado inicialmente la existencia de un problema y de atribuir las dificultades en el acceso a la vivienda a la ocupación ilegal, ahora admite el impacto de los alquileres turísticos en el mercado inmobiliario.
Le ha costado, pero al final el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha reconocido que la proliferación de pisos turísticos está alterando el mercado y dificultando el acceso a una vivienda, sobre todo de alquiler.
Así lo recoge por primera vez –y de manera explícita– en el decreto de medidas urgentes con el que aspira a construir 20.000 casas en cinco años, que es a su vez un adelanto de varias de las medidas de la futura Ley de Vivienda andaluza.
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El texto también hace alusión a la existencia de municipios “que manifiestan una tensión entre los usos residenciales y turísticos”, lo que sumado a otros factores “dificulta el acceso de la población a una vivienda asequible”.
Por ello, también ofrece a los ayuntamientos que vayan a regular esta cuestión la posibilidad de suspender de manera fulminante las nuevas autorizaciones, para así evitar un “posible efecto llamada” de solicitudes antes de que entren en vigor las limitaciones.
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