Moreno Sanlés Alberto 
ElSolidario: No obstante, durante la elaboración del informe se constató que el 44,7% de ellos no figuraba en el Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de la Policía
El Defensor del Pueblo ha lanzado una seria advertencia sobre la situación de los menores migrantes en España, especialmente en Canarias, donde la mayoría carece de documentación legal a pesar de estar bajo tutela del sistema de protección.
Según el informe “Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados”, publicado esta semana, solo 793 de los 4.805 menores (el 17%) acogidos en el archipiélago en diciembre de 2023 cuentan con una autorización de residencia. En Las Palmas, de 2.151 menores tutelados, 1.674 no están documentados. En Santa Cruz de Tenerife, 2.338 de los 2.654 jóvenes permanecen sin papeles.
Expedientes paralizados y jóvenes en riesgo de exclusión
Según el informe, la Delegación del Gobierno en Canarias tuvo que actuar de oficio para abrir 2.569 expedientes de autorización de residencia. Sin embargo, solo nueve se habían tramitado al cierre del informe.
Uno de los aspectos más alarmantes analizados es la vulnerabilidad de los jóvenes extutelados. Aunque un Real Decreto de 2021 flexibilizó los trámites para que los jóvenes de entre 18 y 23 años pudieran mantener la residencia regular, siguen registrándose numerosas quejas sobre las trabas e interpretaciones restrictivas de las oficinas de extranjería, que dificultan su inclusión social y el acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad o el empleo.
En sus conclusiones, el Defensor del Pueblo insta a las administraciones responsables a actuar sin demora. Reclama a las consejerías de protección a la infancia que dicten instrucciones claras para solicitar inmediatamente las autorizaciones de residencia y que colaboren con las delegaciones del Gobierno facilitando toda la documentación necesaria.
El derecho a la residencia legal de estos menores está contemplado desde que entran en el sistema de protección. No obstante, durante la elaboración del informe se constató que el 44,7% de ellos no figuraba en el Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de la Policía.
Aunque el Defensor reconoce que la ubicación geográfica de Canarias la convierte en puerta de entrada de la migración irregular, también advierte que el actual sistema de atención no está preparado para garantizar los derechos fundamentales de los menores.
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