Fátima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. El president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, enfrenta críticas por presuntamente incumplir la ley de publicidad institucional al promocionar su gestión en un acto relacionado con la entrega de viviendas para afectados por la DANA.
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Según el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), el evento, que debía ser estrictamente técnico, fue instrumentalizado políticamente para mejorar la imagen de su administración. Los socialistas destacan que el acto utilizó políticas iniciadas por el gobierno anterior, como el proyecto de viviendas sociales, para atribuir logros a la gestión de Mazón.
Además, señalan que la normativa valenciana prohíbe la utilización de recursos públicos con fines partidistas, algo que, a su juicio, se vulneró.
Mazón contra la ley
Los socialistas fundamentan su denuncia en la Ley 12/2018 de la Comunidad Valenciana, que regula la publicidad institucional. Según el artículo 5 de esta norma, se prohíben actos públicos de entrega de llaves de bienes inmuebles realizados por cargos electos o altos funcionarios. Dichas entregas deben llevarse a cabo por personal técnico competente y sin espectáculo público, con el fin de evitar su utilización política.
La ley busca garantizar la neutralidad y el respeto en actos relacionados con infraestructuras públicas.
El PSOE ha criticado duramente a Carlos Mazón por apropiarse de iniciativas del anterior Gobierno del Botànic, destacando que el partido popular dejó incompleto el proyecto Sociópolis en 2015. Denuncian que Mazón utilizó actos ilegales para entregar viviendas destinadas a damnificados por la DANA, una idea promovida por el Ejecutivo central.
Además, acusan al Consell de incumplir la ley de publicidad institucional con la campaña «Pla Recuperem València«, calificándola de propaganda que no informa sobre ayudas, lo que consideran un intento de encubrir su gestión.
Esta controversia se enmarca en el debate sobre la transparencia y el uso responsable de la publicidad institucional. Desde la oposición, han exigido explicaciones al gobierno autonómico y han instado a respetar las leyes que regulan estas actividades.
La instrumentalización de los recursos públicos en campañas políticas no solo cuestiona la ética de la gestión, sino que también mina la confianza en las instituciones. Es necesario un mayor compromiso con el cumplimiento de la legislación y una gestión que priorice el interés ciudadano sobre cualquier beneficio partidista.
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