¿Cómo es posible que se levanten medidas de protección a niños mientras avanza una investigación por abuso?
Maria Sánchez Peña 
Audiencia provincial de Madrid. Fuente: El País
La justicia retira la prohibición a un profesor acusado de abuso infantil, generando polémica sobre la protección de los menores.
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Un profesor de un colegio privado en Torrelodones, Madrid, acusado de abusos sexuales a menores, ha visto revocada la prohibición que le impedía acercarse a niños. La Audiencia Provincial ha justificado su decisión argumentando que la medida supone una “pena anticipada” y no está fundamentada legalmente. Mientras tanto, las familias de las víctimas denuncian la falta de protección efectiva para los más vulnerables.
¿Y la protección a los menores?
Las acusaciones comenzaron a principios de año, cuando las familias de dos niñas menores de cinco años señalaron al profesor auxiliar del colegio por supuestos abusos. Las denuncias aumentaron semanas después, sumándose otras dos familias al caso. A pesar de la gravedad de los testimonios, la jueza Pilar Llop decidió levantar la medida que prohibía al docente acercarse a cualquier menor. La defensa argumentó que la prohibición era desproporcionada y no especificaba qué menores se buscaba proteger.
El auto judicial ha generado indignación en distintos sectores de la sociedad, que cuestionan la falta de medidas contundentes para garantizar la seguridad de los niños. «No hay base legal que justifique esta prohibición«, argumentó Llop, aunque reconoció que los delitos por los que se investiga al docente “merecen todo el reproche penal”.
Un fallo que deja a los menores desprotegidos
De las cuatro denuncias presentadas, tres se refieren a delitos contra la libertad sexual y una a otro tipo de abusos. El profesor, que ha negado los hechos desde el principio, sigue bajo investigación. Sin embargo, la revocación de las medidas cautelares plantea un escenario preocupante: ¿están los menores realmente protegidos mientras avanza la instrucción del caso?
Las víctimas declararán una única vez en un entorno adaptado para evitar mayor sufrimiento, pero la sensación de desamparo prevalece. Mientras la justicia apela a las garantías del Estado de Derecho, la protección a los más vulnerables parece quedar en segundo plano. Las familias y colectivos de derechos humanos exigen respuestas claras y medidas más firmes para prevenir cualquier riesgo de reincidencia.
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Fuente: El País
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