En una muestra de brutal cinismo, Estados Unidos ha dado un ultimátum al gobierno de Israel: permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza o enfrentarse a la posible suspensión de la entrega de armas. Sí, esas mismas armas con las que los ejércitos sionistas están exterminando sin piedad y con el mayor ensañamiento a la población civil en territorio gazatí.
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Esta medida, anunciada por la administración de Joe Biden, supone una presión inusitada sobre uno de sus aliados más cercanos en la región, mientras la situación en Gaza sigue siendo crítica, con miles de civiles en riesgo por la falta de acceso a bienes esenciales.
El conflicto en Gaza, que ya ha dejado más de 42 mil muertos y miles de desplazados, ha captado la atención mundial, no solo por la brutalidad de los ataques israelíes, sino también por el bloqueo impuesto por Israel, que impide la entrada de suministros médicos, alimentos y otros recursos vitales para la población civil.
Este bloqueo, calificado por la ONU como una crisis humanitaria de grandes proporciones, ha sido un punto de inflexión en las relaciones internacionales, obligando a potencias como Estados Unidos a actuar.
Hipocresía y doble moral y geopolíticas
La administración Biden, que ha apoyado históricamente a Israel con una cantidad significativa de recursos militares, se enfrenta ahora a un dilema moral. Por un lado, desea continuar proporcionando asistencia militar a su aliado clave en Medio Oriente, pero, por otro lado, las imágenes devastadoras que llegan de Gaza y las crecientes críticas de la comunidad internacional han puesto en tela de juicio este apoyo.
Este parece un mensaje sacado de los archivos de un enfurecido dictador: “si Israel quiere seguir recibiendo armamento estadounidense, deberá permitir el ingreso de ayuda a Gaza”, en la que parecería una apuesta humanitaria para aliviar el sufrimiento de sus habitantes.
Este ultimátum marca un cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia Israel, tradicionalmente vista como incondicional. Sin embargo, las presiones internas y externas, especialmente por parte de los progresistas en el Congreso y las organizaciones humanitarias, parecen haber inclinado la balanza.
La postura de Biden está siendo vista como un intento de equilibrar el interés estratégico en la región con las demandas de derechos humanos y justicia social.
Fuentes: El País : Naciones Unidas : Human Rights Watch