El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha generado controversia al justificar el aumento de asesores nombrados a dedo en su administración bajo el pretexto del impacto de la DANA. Este movimiento, que contradice su discurso previo de recortar “chiringuitos” públicos para sellar su alianza con Vox, evidencia una estrategia que dista de la prometida austeridad.
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Desde su llegada al gobierno, el número de asesores en instituciones dependientes de la Generalitat no ha parado de crecer, aunque el Partido Popular (PP) se resiste a publicar cifras concretas en el portal de transparencia. Este vacío de información deja en la sombra el verdadero alcance del gasto público en sueldos designados a discreción. Mientras tanto, se desvanece el discurso de la eficiencia administrativa que el PP y Vox defendieron durante la campaña electoral.
La DANA como pretexto para el aumento de asesores
La justificación de este incremento, según el ejecutivo de Mazón, radica en la necesidad de abordar las consecuencias de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana en 2024. Sin embargo, voces críticas cuestionan que una catástrofe natural sea utilizada como excusa para engrosar la estructura política, en lugar de priorizar medidas concretas que beneficien directamente a los afectados.
Este aumento de asesores también expone un doble rasero en la narrativa de Mazón. Mientras adoptó el discurso de la ultraderecha para criticar “el exceso de grasa política”, sus propias decisiones parecen ir en sentido contrario. Además, la falta de transparencia en su gestión refuerza la percepción de que el gobierno valenciano elude responsabilidades y se aleja del compromiso con una administración eficiente y ética.
El pacto de gobierno entre el PP y Vox, que sustentó la presidencia de Mazón, ha priorizado recortes ideológicos en áreas clave, mientras aumenta el gasto en puestos que benefician a intereses partidistas. Este desequilibrio pone en evidencia la incoherencia de una agenda que prioriza el poder político por encima de las necesidades ciudadanas.
La ciudadanía merece gobiernos que gestionen con transparencia y pongan los recursos públicos al servicio de quienes más los necesitan. La lucha contra la corrupción y el oportunismo político es clave para evitar que excusas como la DANA se conviertan en herramientas de abuso de poder.
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