
El Solidario. 7291 ancianos murieron en las residencias durante el Covid-19.
El caso judicial de los protocolos que dejaron morir a miles
El que fuera asesor principal de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola del COVID-19 ha declarado como testigo en los Juzgados de Leganés, entre abucheos de familiares de víctimas. Se trata de una de las causas abiertas por los conocidos como “protocolos de la vergüenza”, que prohibieron derivar a hospitales a miles de mayores en residencias.
Antonio Burgueño, clave en el diseño de esos documentos, está imputado en otra causa judicial paralela por decisión de la jueza María Isabel Durántez, a raíz de la denuncia de más de cien familiares por la muerte de 7.291 personas mayores. Hoy, ante la jueza María Pilar Esteban, Burgueño se ha limitado a afirmar que venía a «informar» al estar citado como testigo y expresó: “deberíamos haber revisado científicamente la epidemia”, una autocrítica superficial sin reconocer responsabilidad directa.
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La llegada del presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cendón, también citado como testigo, también estuvo marcada por el rechazo de las víctimas, que le recordaron los miles de fallecimientos mientras la sanidad privada no intervenía equitativamente.
En contraste, Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de Ayuso, fue recibido con aplausos. Ya que Reyero fue uno de los pocos que denunció desde dentro la exclusión sistemática de los ancianos durante la pandemia.
La impunidad institucional no puede ser la norma de España. Mientras la ultraderecha reescribe el relato, las víctimas y sus familias siguen clamando por justicia. No olvidamos y exigimos justicia. Porque una sociedad que olvida a sus mayores, renuncia a su humanidad.
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