El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha promulgado la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone restricciones severas a organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación independientes que reciben financiamiento del extranjero.
La ley exige que estas entidades se registren como «agentes extranjeros», prohíbe su participación en actividades políticas y establece un impuesto del 30% sobre los fondos recibidos. Además, otorga al gobierno la facultad de cancelar su personería jurídica y aplicar sanciones económicas por incumplimiento.
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Críticas y preocupaciones internacionales
Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han expresado su alarma ante esta legislación. Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han señalado que la ley busca silenciar a las voces críticas y limitar el trabajo de las organizaciones que promueven la transparencia y los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno salvadoreño a abstenerse de implementar esta ley, advirtiendo que podría restringir el ejercicio de la libertad de expresión y asociación.
La legislación ha sido comparada con medidas similares adoptadas en regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Rusia, donde se han utilizado para reprimir a la sociedad civil y la prensa independiente. En El Salvador, la ley se aprobó en un contexto de creciente represión, incluyendo detenciones arbitrarias y la huida de periodistas por temor a represalias.
La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Al restringir la labor de las ONG y los medios independientes, se debilita el tejido democrático y se limita la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar al poder.
Es esencial que la comunidad internacional y los ciudadanos salvadoreños se mantengan vigilantes y defiendan el espacio cívico, garantizando que la pluralidad de voces y la crítica constructiva sigan siendo pilares de una sociedad libre y democrática.
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