El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha intensificado su confrontación con las organizaciones no gubernamentales (ONG) al acusarle de instigar protestas frente a su residencia y promover una controvertida Ley de Agentes Extranjeros. Esta medida, que impone un impuesto del 40% a las donaciones extranjeras y obliga a registrarse como «agente extranjero», ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y periodistas independientes, quienes la consideran un intento de silenciar voces críticas y restringir la libertad de expresión y asociación.
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Una ley que pone en jaque a la sociedad civil
La propuesta de ley, presentada por el Ministerio de Gobernación a instancias de Bukele, busca regular las actividades de personas y organizaciones que reciben financiamiento del extranjero. Según el gobierno, la iniciativa pretende «garantizar la soberanía nacional» y prevenir la injerencia externa en asuntos políticos. Sin embargo, críticos argumentan que la ley es ambigua y otorga al Ejecutivo amplias facultades para fiscalizar y sancionar a las ONG y medios de comunicación independientes.
Organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por la ley, señalando que podría utilizarse para criminalizar a defensores de derechos humanos y periodistas. La CIDH instó al gobierno salvadoreño a abstenerse de aprobar la legislación, advirtiendo que podría restringir el legítimo funcionamiento de la sociedad civil y los medios de comunicación.
El presidente Bukele ha defendido la propuesta, comparándola con leyes similares en otros países y argumentando que busca transparencia en el financiamiento de actividades políticas. No obstante, la ley ha sido criticada por su potencial para sofocar la disidencia y consolidar el poder del Ejecutivo.
La promoción de la Ley de Agentes Extranjeros por parte del gobierno de Bukele representa un desafío significativo para la democracia salvadoreña. Al imponer restricciones a las ONG y medios de comunicación, se corre el riesgo de debilitar la sociedad civil y limitar la participación ciudadana en asuntos públicos. Es fundamental que se garantice un entorno en el que las voces críticas puedan expresarse libremente y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas en El Salvador.
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