
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha intensificado su confrontación con las organizaciones no gubernamentales
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha intensificado su confrontación con las organizaciones no gubernamentales (ONG) al acusarle de instigar protestas frente a su residencia y promover una controvertida Ley de Agentes Extranjeros. Esta medida, que impone un impuesto del 40% a las donaciones extranjeras y obliga a registrarse como «agente extranjero», ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y periodistas independientes, quienes la consideran un intento de silenciar voces críticas y restringir la libertad de expresión y asociación.
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Una ley que pone en jaque a la sociedad civil
La propuesta de ley, presentada por el Ministerio de Gobernación a instancias de Bukele, busca regular las actividades de personas y organizaciones que reciben financiamiento del extranjero. Según el gobierno, la iniciativa pretende «garantizar la soberanía nacional» y prevenir la injerencia externa en asuntos políticos. Sin embargo, críticos argumentan que la ley es ambigua y otorga al Ejecutivo amplias facultades para fiscalizar y sancionar a las ONG y medios de comunicación independientes.
Organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por la ley, señalando que podría utilizarse para criminalizar a defensores de derechos humanos y periodistas. La CIDH instó al gobierno salvadoreño a abstenerse de aprobar la legislación, advirtiendo que podría restringir el legítimo funcionamiento de la sociedad civil y los medios de comunicación.
El presidente Bukele ha defendido la propuesta, comparándola con leyes similares en otros países y argumentando que busca transparencia en el financiamiento de actividades políticas. No obstante, la ley ha sido criticada por su potencial para sofocar la disidencia y consolidar el poder del Ejecutivo.
La promoción de la Ley de Agentes Extranjeros por parte del gobierno de Bukele representa un desafío significativo para la democracia salvadoreña. Al imponer restricciones a las ONG y medios de comunicación, se corre el riesgo de debilitar la sociedad civil y limitar la participación ciudadana en asuntos públicos. Es fundamental que se garantice un entorno en el que las voces críticas puedan expresarse libremente y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas en El Salvador.
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