Jueves, 29 de octubre de 2026
Internacional · Política

Bruselas propone una Frontex de hasta 30.000 agentes y un sistema digital para acelerar las expulsiones de migrantes

Un miembro de Frontex durante el acto de presentación de la operación ‘Minerva’ en Ceuta. Antonio Sempere / Europa Press

La Comisión Europea propuso el martes 27 de octubre ampliar hasta 30.000 agentes el cuerpo permanente de Frontex, la agencia europea de fronteras, y reforzar su papel en las expulsiones de migrantes. El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, presentó el paquete como una respuesta a las lecciones aprendidas de la crisis de Ceuta de este año.

Además de ese cuerpo permanente, la propuesta crea una reserva europea de fronteras y retorno de 17.000 agentes que podrían desplegarse en los Estados miembros cuando sea necesario, contingentes permanentes en las fronteras y una fuerza de acción rápida para situaciones de crisis. Frontex contaría también con un Centro de Vigilancia en Línea para detectar amenazas y actuaría como organismo central de compras de herramientas digitales y de inteligencia artificial.

En materia de retornos, el reglamento prevé digitalizar el proceso de retorno, readmisión y reintegración de los migrantes en situación irregular que no tienen derecho a asilo, con una interfaz única para todo el procedimiento y un mejor intercambio de datos. Frontex tendría un Centro de Coordinación de Retornos y prestaría apoyo técnico y operativo a terceros países, «respetando los derechos fundamentales», según el texto.

Brunner defendió que se puede y se debe mejorar la repatriación de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión. Para que la propuesta entre en vigor, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deben alcanzar un acuerdo, y el texto recuerda que los Estados miembros siguen siendo los principales responsables de la protección de fronteras y del retorno.

El paquete pone el acento en vigilar, desplegar y devolver. Cómo se garantizarán en la práctica los derechos fundamentales que menciona el texto será uno de los puntos que tendrán que examinar los eurodiputados y los Gobiernos.

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