Isabel Díaz Ayuso ha consolidado en la universidad el impacto de cinco años de políticas que priorizan el interés privado sobre el bien común. La infrafinanciación crónica denunciada por los rectores, junto con las becas orientadas a favorecer a las familias más adineradas, evidencian una gestión que debilita la educación pública y excluye a los sectores más vulnerables.
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La educación es uno de los pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, en Madrid, este principio parece haberse relegado en favor de intereses particulares.
Isabel Díaz Ayuso cierra su primer lustro al frente de la Comunidad con un balance alarmante en materia educativa: recortes persistentes en la financiación universitaria, leyes diseñadas para blindar la educación concertada y un sistema de becas que prioriza a los más ricos.
Los rectores de las universidades públicas llevan años denunciando una situación que compromete la calidad y el acceso universal a la educación superior. La última oferta del Gobierno regional, calificada como “insuficiente”, apenas responde a las demandas acumuladas.
Mientras tanto, el profesorado y los estudiantes han alzado la voz mediante huelgas y movilizaciones, exigiendo recursos adecuados y políticas que fortalezcan el sistema público.
El panorama no se limita al ámbito universitario. La política de becas de Ayuso, que permite a las familias con mayores ingresos costear matrículas en centros privados, evidencia un modelo que favorece la segmentación social.
En lugar de reducir desigualdades, estas decisiones refuerzan las barreras económicas, relegando a los sectores menos privilegiados a instituciones públicas en deterioro.
Defender la educación pública no es solo una cuestión ideológica; es una necesidad para garantizar el futuro de Madrid como una región inclusiva y competitiva. Sin inversión adecuada y sin políticas que prioricen la igualdad de oportunidades, la brecha social se amplía, perjudicando a la mayoría en beneficio de una élite.
La educación pública debe ser un motor de progreso, no una víctima más de un modelo que antepone los intereses privados al bien común. ¿Cuál es tu opinión sobre la privatización de la educación pública en España? Te leemos en los comentarios.
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