
Cartel con la convocatoria que han organizado las alumnas del instituto Goya (Zaragoza) contra su profesor condenado por maltratar a su expareja y a sus tres hijos. Fuente: Público
Alumnas del IES Goya en Zaragoza protestan contra un profesor condenado por maltrato, ¿por qué sigue en las aulas?
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Este martes, en el Instituto Goya de Zaragoza, un grupo de alumnas ha organizado una protesta en forma de sentada. Exigen la destitución de Luis Antonio Irzo Bueno, un profesor y exconcejal del Partido Popular de Huesca, condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su exmujer y a sus tres hijos. A pesar de la sentencia judicial y la gravedad de los hechos, Irzo sigue impartiendo clases, lo que ha generado una fuerte indignación entre las estudiantes. Se preguntan cómo alguien con semejante historial puede continuar en contacto con menores en el entorno educativo.
«¿Cómo puede seguir aquí?»
Las alumnas han decidido actuar ante lo que consideran una falta de protección por parte del sistema. “No entendemos cómo un maltratador sigue enseñando en nuestro centro”, declaran con firmeza. La condena de 2020 describió un conjunto de abusos físicos y psicológicos extremadamente graves contra su familia, pero el marco legal ha permitido que Irzo evite la cárcel. A través de carteles y consignas, las jóvenes están pidiendo una revisión urgente de la ley para que personas condenadas por maltrato no puedan trabajar con menores.
El caso de Irzo no es aislado. Las madres y padres también han alzado la voz, intentando obtener respuestas de las autoridades. Sin embargo, se han encontrado con un muro de justificaciones legales. La normativa actual solo exige que los docentes presenten un Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales, lo que deja una laguna legal que las alumnas consideran inaceptable.

Una lucha por la seguridad en las aulas
La protesta en el IES Goya no solo busca la destitución de Luis Antonio Irzo, sino también un cambio en las políticas de contratación docente. Las alumnas no solo apelan a la justicia legal, sino también a la justicia moral. Señalan la incoherencia entre lo que les enseñan sobre igualdad y la realidad de convivir con un agresor en las aulas. «No se trata solo de cumplir la ley, sino de la ética y de qué ejemplo damos a nuestros hijos e hijas», afirma una madre preocupada.
La dirección del instituto se ha defendido argumentando que los centros públicos no tienen potestad para contratar ni despedir a los docentes, y que esa responsabilidad recae en la Consejería de Educación. Sin embargo, esta respuesta no ha sido suficiente para las alumnas, quienes, con el apoyo del blog Docentes Decentes en las Aulas, han lanzado una recogida de firmas a nivel estatal. Exigen una ley que inhabilite a cualquier persona condenada por violencia familiar o de género para trabajar con menores.
¿Qué opinas sobre este caso? Comparte tu opinión y apoya la lucha por un entorno educativo seguro.
Fuente: Público
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https://ethic.es/2023/02/funciona-la-reinsercion-social/
Ese artículo sería interesante de debatir en este caso… si la persona condenada hubiera pisado la cárcel y, por tanto, entrado al sistema de reinserción. Pero en este caso, el condenado no ha entrado a prisión ni ha cumplido su condena, ¿entra aquí la reinserción? Porque lo único que se muestra es que cometes un delito, te condenan, pero no cumples el castigo…