Fausto 
El Solidario. En España, muchos hospitales públicos se niegan a practicar abortos.
En pleno siglo XXI, España sigue obligando a mujeres a salir del país para ejercer su derecho a abortar.
Así lo revela la investigación internacional Exporting Abortion, que documenta cómo decenas de mujeres se ven forzadas a viajar al extranjero ante la imposibilidad legal o médica de interrumpir sus embarazos, incluso en situaciones de malformaciones fetales graves o embarazos no detectados a tiempo. Una realidad que desnuda la hipocresía de un sistema que presume de derechos, pero practica la exclusión.
La ley del aborto en España, aunque reformada y defendida desde sectores progresistas, sigue siendo una trampa para muchas mujeres. Cuando el diagnóstico de una malformación genética llega tarde o el embarazo no se detecta a tiempo, la ventana legal para interrumpir la gestación se cierra.
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La consecuencia es brutal: quienes pueden, viajan a clínicas en el extranjero, Abortar en España sigue siendo un privilegio para pocas y una pesadilla para muchasprincipalmente a Países Bajos o Reino Unido, para ejercer un derecho que debería estar garantizado sin condiciones.
El problema no es solo legal, es también sanitario. Muchos hospitales públicos se niegan a practicar abortos en estos casos, amparándose en la objeción de conciencia o en la falta de protocolos claros. Mientras tanto, las mujeres cargan con el dolor, la culpa inducida y el coste económico de tener que abandonar su país para ser atendidas. Un sistema que permite esto no es un sistema garantista, sino cómplice de la violencia institucional.
Resulta indecente que en una democracia que se proclama feminista, el aborto siga estigmatizado y limitado por barreras invisibles: desinformación, miedo médico, presiones religiosas y políticas. La salud reproductiva no puede depender del código postal ni de la cuenta bancaria.
España necesita un giro real hacia una política sanitaria y social feminista, que respete a las mujeres, sus cuerpos y sus decisiones. Porque abortar no debería ser un privilegio, sino un derecho garantizado sin rodeos.
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