Más de un centenar de personas se concentraron el miércoles por la tarde en la calle Madridejos, en el distrito madrileño de Usera, para apoyar a tres familias inquilinas a las que la empresa Brigada Desokupa presiona para que abandonen sus viviendas. La convocatoria partió del Sindicato de Inquilinas, que ve en este caso un ejemplo de cómo se intenta vaciar un edificio antes de que terminen los contratos de alquiler.
Según el relato de los vecinos, desde 2025 un holding empresarial es dueño de tres pisos del bloque y no quiere esperar a que los contratos venzan. A una de las familias le entregaron un documento con fecha límite el 28 de octubre, el mismo día de la protesta, y a otro inquilino le hicieron firmar un acuerdo de salida para el 31 de octubre sin darle copia. Este último asegura, además, que lo grabaron mientras tanto.
La concentración terminó con presencia policial. Unos veinte agentes de la Policía Nacional, con coches, motos y caballos, intervinieron para dispersar a los asistentes. El consejero delegado de la empresa habló de una «emboscada», aseguró que existía un acuerdo para la entrega de llaves y afirmó que una de las inquilinas le pidió 20.000 euros para irse. La compañía, que en su web ofrece «desocupaciones exprés» desde 2.500 euros, sostiene que actúa siempre «de manera pacífica».
Desde el Sindicato de Inquilinas, Carmen Durán y Laura Barrio ofrecen otra lectura. Denuncian intimidación y grabaciones, rechazan lo que llaman «brigadas paramilitares» y recuerdan que solo un juez puede decidir un desalojo. Vinculan además lo ocurrido con la gentrificación de Usera, y un portavoz anunció que presentarán una denuncia por las amenazas verbales que atribuyen al representante de la empresa.
El caso de Madridejos 18, en Usera, llega en plena oleada de protestas por el precio de la vivienda, y deja sobre la mesa un negocio que ofrece resolver en pocos días lo que la ley reserva a un tribunal. Falta saber qué pasará con las tres familias cuando se cumplan los plazos que les han fijado, y si la denuncia anunciada por el Sindicato llega a los juzgados.
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