El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ratificó hace aproximadamente un mes la obligación de Iberpotash de desmantelar el Cogulló, la montaña de unos 45 millones de toneladas de residuos salinos que la empresa minera acumula en Sallent (Bages, Barcelona). Tras esa decisión, la compañía, propiedad del grupo israelí ICL, ya no dispone de recursos.
La batalla viene de lejos. En 2007, los vecinos pidieron al Ayuntamiento de Sallent que retirara los residuos y restaurara el entorno; al no obtener respuesta, acudieron a la vía contencioso-administrativa. Marta Ribera, experta en justicia económica de DESCA, sitúa en 2014 el inicio del proceso judicial sostenido. El vertedero quedó inactivo en junio de 2019, cuando terminó la prórroga que permitía depositar residuos, y la Administración aprobó después un programa de restauración que prevé una retirada gradual de la sal.
Hay, además, una causa penal abierta por presuntos delitos ambientales vinculados a la salinización del río Llobregat, y una sentencia penal firme de 2016 que ordenó restaurar la tierra y el agua afectadas, incluidos los pozos salinizados, según recuerda la plataforma Prou Sal.
El debate ahora es el calendario. Javier Yélamos, delegado de UGT en Iberpotash, admite que la restauración completa podría prolongarse hasta 2068. Prou Sal asegura que la propuesta de la empresa se extiende hasta 75 años y reclama un estudio independiente, con participación universitaria y supervisión de la Generalitat. Fuentes de ICL afirman que la compañía cumplirá la sentencia según el programa aprobado.
La empresa emplea a más de 700 trabajadores directos y a cientos de forma indirecta en la comarca, un peso económico que forma parte de la ecuación. Iberpotash planteó el llamado Plan Fénix, que consiste en recuperar sal de los depósitos para fabricar productos y reducir de forma progresiva el material almacenado. Los críticos señalan que, diez años después, solo hay una fábrica en marcha.
Ribera cita otros litigios ambientales, como el de Castor o el de Flix, para sostener que las grandes empresas pueden resistir más tiempo que quienes litigan contra ellas. Considera que la Generalitat debe vigilar el cumplimiento de las sentencias y comprobar resultados, no solo la existencia de planes. Para ese seguimiento existe ya una herramienta nueva: la ley del Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos, aprobada por el Parlament este verano.
Deja un comentario