Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y chorros de agua contra la Marcha Federal Universitaria, que reunió este jueves en Buenos Aires a miles de personas. También hubo movilizaciones en otras ciudades del país, sin que se hayan dado cifras.
Marchaban estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y familias, junto a sindicatos, organizaciones sociales y activistas. Reclamaban el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que, según los manifestantes, el Gobierno de Javier Milei no aplica, una recomposición salarial y más recursos para las instituciones públicas.
El detonante fue un grupo de unas ocho personas encapuchadas que rompió mobiliario urbano y lanzó objetos contra la valla del Parlamento, pero la respuesta fue desproporcionada: los gases alcanzaron también a manifestantes pacíficos. Un cámara del canal C5N recibió un golpe en el rostro y, según imágenes de televisión, un bote de gas impactó en la cabeza de una manifestante. La marcha central empezó poco después, en medio del humo.
Hay datos que faltan y conviene decirlo. No hay cifra total de heridos ni de detenidos, no se conoce ninguna declaración del Gobierno de Milei sobre lo ocurrido y tampoco se concreta cuántas personas marcharon, más allá de «miles».
La imagen de una manifestante herida por un bote de gas mientras defendía su facultad resume el choque de fondo. Para quienes marchaban, el Gobierno de Milei trata la universidad pública como un gasto que recortar; para ellos, es una escalera de ascenso social que depende de sueldos dignos y de aulas con recursos.
Responder a una protesta masiva por la educación con gases es una forma de decir que no se quiere escuchar. Y un país que castiga a miles de personas por los actos de ocho encapuchados está confundiendo el orden con el silencio.
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