Dinamarca, Polonia e Italia han pedido que las conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo, reunido en Bruselas, eviten las medidas que puedan provocar un «efecto llamada». Es una alusión directa a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, según adelanta elDiario.es.
Los tres países reclaman también que los líderes reconozcan la inmigración ilegal como una preocupación y que la Comisión Europea tenga más capacidad para coordinar las políticas migratorias de los Estados. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue la más dura: sostiene que un país que deja quedarse legalmente a quien entró de forma irregular choca con una política migratoria que, según ella, tiene amplio respaldo en Europa. Giorgia Meloni, por su parte, criticó la gestión española y pidió vigilancia en las fronteras exteriores.
Conviene precisar lo que aún no se sabe. La cumbre seguía en marcha cuando se publicó la información, así que no hay resultado final. El presidente del Consejo, António Costa, intentó rebajar la tensión recordando que los cruces irregulares en las fronteras exteriores están en su nivel más bajo desde 2021. Antes de la cumbre, además, 17 países se reunieron de manera informal para hablar de medidas como abrir centros de deportación en terceros países.
Ese es el contraste que importa. Mientras algunos gobiernos debaten cómo expulsar fuera de Europa, la regularización busca algo mucho más sencillo: que quien ya vive aquí, trabaja, alquila y cuida pueda hacerlo con papeles. Llamarlo «efecto llamada» es una forma de ignorar que la irregularidad no se combate con fronteras más altas, sino con derechos que permitan salir de ella.
La pregunta de fondo no es técnica: es política. Europa puede elegir entre integrar, con regularizaciones como la española, a quienes ya forman parte de su economía y de su vida cotidiana, o seguir fabricando personas sin derechos y luego quejarse de que existen.
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