Un juzgado de Madrid ha suspendido durante 60 días el desahucio de Paca Blanco, una activista de 77 años, que estaba previsto para el 30 de noviembre. Su abogada, Alejandra Jacinto, recibió la noticia este miércoles en el juzgado, según Europa Press.
La vivienda pertenece a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), la compañía pública del Ayuntamiento de Madrid. Paca Blanco se instaló en el piso que había sido adjudicado a su hijo. Cuando él se marchó, intentó subrogarse en el contrato y regularizar su situación con el Consistorio, algo que no ha llegado a ocurrir. Según la información publicada, lleva un año pagando alquiler.
Fuentes municipales explican que la EMVS solo acude a los tribunales por incumplimientos de contrato, ocupación ilegal, subarriendo o impagos con grandes deudas. Quienes la apoyan discrepan de ese relato y piden retirar el desahucio, reconocer su derecho a subrogarse y garantizarle un alquiler social adaptado a sus ingresos.
Paca Blanco no es una desconocida en las luchas sociales. Siendo joven fue internada en un Patronato de Protección a la Mujer franquista. Años después, la desalojaron de su casa en El Gordo (Extremadura) mientras coordinaba Ecologistas en Acción en la zona y encabezaba la campaña contra el complejo de lujo Marina de Valdecañas.
Ecologistas en Acción celebra la presión popular, pero advierte de que el aplazamiento «mantiene la amenaza y prolonga la incertidumbre» de una mujer de salud delicada. Más de 150 organizaciones —sindicatos, movimientos de vivienda, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales— han firmado un manifiesto de apoyo.
Que una empresa pública pretenda echar de su casa a una vecina de 77 años que paga alquiler obliga a preguntarse para qué sirve la vivienda municipal. Si no es para amparar a quien ha pasado media vida defendiendo los derechos de los demás, ¿para quién?
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