Se cumple un año de la muerte de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años cuyo caso situó el acoso escolar en el centro del debate público. Doce meses después, la investigación sobre las tres alumnas señaladas por presunto acoso continúa en manos de la Fiscalía de Menores y la Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente administrativo contra el colegio Irlandesas de Loreto.
La muerte de Sandra, el 14 de octubre de 2025, provocó una profunda conmoción en Sevilla y reavivó las preguntas sobre cómo actúan los centros educativos ante posibles situaciones de acoso. La familia sostiene que había advertido al colegio de lo que estaba sufriendo su hija y denuncia que no se activaron los protocolos de protección correspondientes.
La vía penal contra los responsables del centro, entre ellos el director, la jefa de estudios y la tutora, quedó archivada provisionalmente. En septiembre, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó esa decisión al considerar que no podía establecerse una relación de causalidad penal directa entre las actuaciones del colegio y el fallecimiento. No obstante, el tribunal calificó la respuesta del centro de «deficitaria e insuficiente».
La resolución judicial no ha cerrado la vía administrativa. La Consejería de Desarrollo Educativo mantiene un expediente sancionador para determinar las posibles responsabilidades del colegio por no activar formalmente el protocolo contra el acoso escolar. Entre las consecuencias que se contemplan, si se acreditan infracciones de especial gravedad, figura la posible retirada del concierto educativo.
Mientras tanto, la familia continúa reclamando que se esclarezcan los hechos y que se adopten medidas para evitar que otros menores atraviesen situaciones similares. El caso también ha generado manifestaciones, homenajes y muestras de apoyo, aunque el altar dedicado a Sandra a las puertas de su vivienda ha sido vandalizado en dos ocasiones.
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