Los móviles de los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) fueron infectados con Pegasus desde las mismas cuentas que el sistema marroquí utilizó contra otras víctimas, según un informe de Amnistía Internacional publicado el 1 de octubre. La organización atribuye el espionaje a la DGST, la Dirección General de Vigilancia del Territorio, el servicio de inteligencia interior de Marruecos.
El documento cubre el periodo de 2017 a 2021 y no descarta que la vigilancia continuara después. Pegasus, el programa de la empresa israelí NSO Group, no fue la única herramienta: el informe describe también micrófonos inalámbricos y cámaras ocultas en aparatos de aire acondicionado de viviendas privadas, teléfonos preinfectados, cibercafés con software espía y vecinos reclutados como informantes.
Los blancos prioritarios eran defensores de derechos humanos y periodistas independientes. Entre ellos, el periodista Omar Radi, encarcelado, y el activista Fouad Abdelmoumni. Los ministros españoles aparecen, así, dentro de un patrón más amplio: vigilar a quien fiscaliza al poder o lo incomoda.
Marruecos ha desmentido oficialmente estas acusaciones. Desde Moncloa, por su parte, nunca se ha señalado directamente a Rabat, y la investigación judicial española sigue encallada por la falta de colaboración de Israel.
Conviene precisar que se trata de la atribución de una organización de derechos humanos, basada en el trabajo de su laboratorio de seguridad, y no de una sentencia. Pero la coincidencia de las cuentas que señala el informe es un dato que merece una respuesta pública, no un silencio.
La pregunta de fondo no es técnica: es política. Cuando dos ministros de un país de la Unión Europea son espiados y el caso queda sin responsables, el mensaje que reciben los periodistas y los activistas, que no tienen escoltas ni gabinetes jurídicos, es que casi nada les protege. Sin consecuencias, el espionaje deja de ser un escándalo y se convierte en una herramienta habitual.
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