El Ministerio de Defensa conocía desde el 15 de septiembre las denuncias de palizas a migrantes en Ceuta, pero las agresiones continuaron al menos hasta el día 27. Así lo documenta elDiario.es, que ha reunido nuevos testimonios, vídeos y partes médicos de la ONG Médicos del Mundo sobre lo ocurrido en el entorno de la playa del Trampolín.
Las víctimas señalan a militares del Grupo de Regulares de Ceuta, los de las boinas rojas. Hablan de golpes, vejaciones y gas pimienta contra al menos tres menores, dos de ellos de 17 años. Una grabación del 23 de septiembre muestra una de las agresiones. Y un joven al que el medio llama Ahmed, nombre ficticio por seguridad, enseña los hematomas de la paliza que sufrió el día 27 y asegura que quiere denunciarla.
¿Y qué hizo Defensa mientras tanto? El departamento que dirige Margarita Robles no envió información a los juzgados hasta el pasado miércoles, y lo hizo después de la presión de Amnistía Internacional. Habían pasado más de dos semanas desde las primeras denuncias públicas.
Conviene precisar que, por ahora, se trata de denuncias y testimonios respaldados por vídeos y partes médicos que deberán investigar los tribunales: no hay sentencia ni responsabilidades fijadas. Pero la secuencia cronológica ya dice mucho por sí sola.
Las víctimas son jóvenes marroquíes, algunos menores, que viven a la intemperie y con muy poca capacidad de defenderse. Su caso llega, además, cuando la Policía acaba de iniciar el desalojo del asentamiento del Trampolín. Primero se les empuja a la precariedad; después, según los relatos, se les golpea; y quien denuncia lo hace con miedo a las represalias. Por eso las ONG reclaman garantías de seguridad para quienes se atreven a hablar.
Un Estado de derecho se mide por cómo trata a quienes no tienen quién los defienda. Si una institución sabe lo que ocurre y tarda más de dos semanas en mover ficha, la pregunta ya no es solo quién pegó, sino quién prefirió mirar hacia otro lado.
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