La diputada del PP y portavoz de Interior, Ana Vázquez, se enfrenta a un expediente sancionador después de exhibir un bote de gas pimienta durante una sesión de control en el Congreso. La Mesa de la Cámara ha abierto el procedimiento con el respaldo de PSOE y Sumar, mientras el PP votó en contra.
El informe de los servicios jurídicos de la Cámara es claro: el gas pimienta, aunque se venda como producto de autodefensa, tiene la consideración legal de arma, y el reglamento del Congreso prohíbe introducir armas en el hemiciclo. Los propios servicios jurídicos calificaron el caso de inédito en la democracia española.
Vázquez fue expulsada del pleno tras el incidente. Ya fuera de la Cámara, un trabajador del partido intentó deshacerse del bote en un baño y lo activó por accidente: el gas obligó a evacuar la zona y afectó a una docena de personas. La diputada, después de lo ocurrido, se defendió asegurando que «esto no es un arma y además estaba vacío».
El bote, sin embargo, tenía suficiente contenido como para intoxicar a una docena de personas horas después de que ella lo mostrara en el hemiciclo como algo inofensivo.
Vázquez dispone ahora de diez días para presentar alegaciones. Si la Mesa decide proponer una sanción, deberá someterse a votación en el pleno, en sesión secreta, y la propia diputada no podrá votar sobre su propio caso. La sanción podría llegar a suspenderla temporalmente de empleo, sueldo y derecho de voto.
Llevar un arma al Congreso no es un despiste ni una broma. Es una amenaza real, con consecuencias reales, como demuestran las personas intoxicadas en ese baño. La política necesita debates duros, pero nunca armas, ni siquiera las que, según quien las porta, «estaban vacías».
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