Mientras el PP calificaba de «desgarrador» el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda, la actividad legislativa del partido ha ido en la dirección contraria. Un repaso a las iniciativas registradas por el PP en el Congreso muestra al menos dos propuestas orientadas a acelerar los desahucios y restringir la definición legal de «inquilino vulnerable».
La principal, registrada el 13 de febrero de 2026, es la Proposición de Ley 122/000253, de «medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística». Entre sus cambios, rebajaba el umbral de vulnerabilidad económica de tres veces el IPREM (unos 1.800 euros) a 1,5 veces (900 euros), y reducía de cinco a tres veces el IPREM el límite adicional para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. También recortaba los plazos de suspensión obligatoria de los desahucios: de dos meses a uno para personas físicas, y de cuatro a tres meses para entidades. Una segunda proposición, del Grupo Popular en el Senado, plantea cambios similares.
Ambas iniciativas eliminarían además las prórrogas obligatorias de un año para inquilinos que acrediten vulnerabilidad económica, y las prórrogas de tres años en zonas declaradas tensionadas. La primera propuesta fue admitida a trámite con el apoyo del PP, Vox, Junts y UPN; el PNV se abstuvo.
El contraste resulta difícil de ignorar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó el caso de Maricarmen de «desgarrador» en declaraciones públicas, pero la actividad legislativa de su partido apunta en sentido contrario a la protección reforzada que ahora exige la calle. No es la primera vez que el discurso público y la acción parlamentaria de una formación política divergen en materia de vivienda, pero pocas veces el contraste ha sido tan visible como esta semana.
Las palabras de empatía cuestan poco. Lo que de verdad protege a alguien como Maricarmen son los plazos de suspensión, los umbrales de vulnerabilidad y las prórrogas que un partido decide, en cada votación, ampliar o recortar. Ahí es donde se mide el compromiso real con quienes están a punto de perderlo todo.
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