Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio conmocionó a Madrid la semana pasada, podrá volver a la casa en la que ha vivido desde 1956. La propietaria, la empresa Urbagestión, aceptó firmar con ella un nuevo contrato de alquiler de ocho años en el que la renta no superará el 30% de sus ingresos netos. El acuerdo incluye además asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal durante toda la vigencia del contrato, junto con un seguro multirriesgo del hogar y cobertura frente al impago de rentas.
Maricarmen fue desahuciada la semana pasada pese al enorme despliegue policial que trató de impedirlo y a las protestas de decenas de vecinos que pasaron la noche frente al edificio. Fue el cuarto intento de desalojo desde que Urbagestión adquirió el inmueble en 2018; el Tribunal Supremo había inadmitido su último recurso en diciembre de 2023. Tras el desalojo, con 87 años y una discapacidad reconocida del 50%, tuvo que ser evacuada en camilla por el SAMUR y permanece hospitalizada en el Gregorio Marañón.
Su caso se convirtió rápidamente en símbolo de la crisis de la vivienda en España. El sábado, cientos de personas marcharon desde la Puerta del Sol hasta el Congreso bajo el lema «Ni una Maricarmen más», una protesta que derivó en la acampada que todavía sostienen varios colectivos en la plaza madrileña. La presión social, sumada a la repercusión mediática del caso, parece haber pesado en la decisión final de la empresa propietaria.
Según relató su primo Vicente, Maricarmen se mostró «muy contenta» al conocer la noticia. Podrá regresar a su vivienda en cuanto reciba el alta hospitalaria.
Que una mujer de 87 años con discapacidad tuviera que ser sacada de su casa en camilla para que, días después, la misma empresa que la desahució le ofreciera condiciones dignas, dice mucho sobre cómo funciona hoy el mercado del alquiler en España: los derechos no se garantizan solos, hay que conquistarlos en la calle. El desenlace de Maricarmen es una victoria parcial y necesaria, pero no borra la pregunta de fondo: cuántas personas sin cámaras ni acampadas de por medio están siendo desahuciadas ahora mismo, en silencio.
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