Los representantes derechistas Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, radicaron el 1 de septiembre en la Cámara de Representantes de Colombia la llamada ley anticapuchos, un proyecto que castiga con entre 4 y 8 años de cárcel, sin posibilidad de excarcelación, a quien cubra su rostro con capucha, pasamontañas o similar mientras comete actos de vandalismo durante una protesta. La misma pena se aplicaría a quien bloquee vías de forma que ponga en riesgo la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria o el empleo de terceros.
El texto añade multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales vigentes y endurece la pena cuando se usen explosivos o sustancias corrosivas, o cuando el ataque se dirija contra colegios, hospitales, patrimonio cultural o infraestructura esencial. La Comisión Primera de la Cámara ya le dio luz verde.
Arizabaleta defendió la iniciativa diciendo que quien se pone una capucha en medio de una protesta «sale a cometer delitos», mientras Triana la presentó como el fin de «la herramienta perfecta para destruir la infraestructura de una ciudad sin consecuencias».
Lo que ninguno de los dos menciona es de dónde viene el proyecto: Centro Democrático y Cambio Radical son las mismas bancadas que, durante el estallido social de 2021, defendieron a la Policía frente a las denuncias de abusos documentadas por la ONU y Human Rights Watch, entre ellas decenas de mutilaciones oculares con perdigones contra manifestantes. Ahora proponen que sea el manifestante quien arriesgue ocho años de prisión por taparse la cara, mientras la cláusula que promete no tocar «la protesta legítima» queda a la interpretación de cada juez y cada fiscal.
La ley aún debe superar varios debates antes de convertirse en norma. Pero el mensaje ya está dado: en Colombia, cubrirse el rostro en una manifestación puede costar más años de cárcel que muchos delitos comunes, y quienes lo proponen no son precisamente quienes vigilan a la Policía cuando dispara.
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