6,3 millones y una gran terraza: el lujo que el Gobierno de Ayuso encargó mientras miles de madrileños no llegan al alquiler

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso encargó a una inmobiliaria de lujo de La Moraleja, a través de un anuncio en internet, un inmueble muy concreto: entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza, en la zona de Chamberí o alrededores. El encargo no era para una familia con necesidades habitacionales urgentes, sino para la propia Comunidad de Madrid, que meses después pagaría 6,3 millones de euros por un ático perteneciente a la empresaria Astrid Gil-Casares.

Antes de cerrar esa compra, el Ejecutivo autonómico había descartado otra opción: un piso de 350 metros con 200 de terraza en el Paseo del Pintor Rosales, valorado en 4 millones de euros. Es decir, se dejó pasar una alternativa 2,3 millones más barata para terminar pagando más por una vivienda que, según reconoce la propia administración, no estaba destinada a oficinas.

Aquí está la pregunta que nadie en la Puerta del Sol quiere responder con claridad: ¿quién ordenó buscar, con el dinero de todos los madrileños, un inmueble de estas características y para qué uso exacto? Mes y medio de gestiones, un contacto a través de un portal inmobiliario convencional y una operación cerrada el 14 de abril sin que trascendiera antes ningún concurso público ni justificación técnica.

Mientras tanto, en la misma comunidad autónoma donde este ático se pagó con fondos públicos, miles de familias siguen esperando una vivienda pública que no llega, con listas de acceso a alquiler social que se cuentan por años. El contraste no es casual: es la fotografía exacta de qué significa gobernar para quién.

Que una administración pública tenga sede, oficinas o inmuebles no es en sí mismo un escándalo. Lo es cuando el criterio de búsqueda parece copiado de un catálogo de lujo —»gran terraza» incluida— y no de una necesidad institucional justificada. La opacidad con la que se ha gestionado esta compra no es un detalle menor: es la prueba de que, cuando se trata del dinero público, algunas administraciones prefieren decidir puertas adentro y explicar solo cuando la prensa las obliga.