Imagen generada con IA.
Arrancar una mata de coca puede llevar segundos.
Sustituir la economía que existe alrededor de ella necesita años.
Colombia sigue intentando reducir los cultivos de coca mediante programas de sustitución voluntaria en los que familias campesinas eliminan las plantas y reciben apoyo para iniciar actividades legales como cacao, café, plátano o proyectos de turismo rural.
En Putumayo, por ejemplo, centenares de familias se incorporaron a programas de sustitución que combinan erradicación manual con inversión en proyectos productivos y vías rurales.
La cuestión es qué viene después.
En muchas regiones cocaleras, la coca no se cultiva simplemente porque una familia prefiera participar en una economía ilegal. Se cultiva porque existe comprador, transporte y pago relativamente seguro en zonas donde vender productos legales puede implicar horas de camino, carreteras deficientes y mercados inciertos.
Ese problema está documentado desde hace años: comunidades campesinas han explicado que abandonar la coca sin recibir las alternativas prometidas puede significar quedarse sin ingresos.
El desafío continúa siendo enorme. El informe más reciente disponible sobre cultivos ilícitos calculó 261.000 hectáreas de coca en 2024, un aumento del 3,5% respecto al año anterior, aunque con fuertes diferencias regionales. Putumayo registró una reducción del 14%.
Por eso la sustitución necesita alternativas además de erradicación.
Una hectárea eliminada puede reaparecer si la familia que la cultivaba sigue sin una carretera, crédito, asistencia técnica o comprador para otro producto.
La política antidrogas colombiana lleva décadas comprobando esa dificultad.
El campesino puede arrancar la planta.
Para que no tenga que sembrarla otra vez, el resto depende también de qué economía encuentra cuando levanta la vista del terreno.