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Cientos de miles de personas en Puerto Rico llevan días sin agua corriente. Las autoridades han dividido buena parte de la isla en dos grupos a los que cortan el suministro de forma rotativa cada 48 horas, una medida que afecta a 180.000 propiedades en siete regiones abastecidas por el embalse de Carraízo, que se encuentra prácticamente vacío tras el julio más seco de la historia del territorio.
La gobernadora, Jenniffer González, atribuye la crisis únicamente al clima: «Esta situación escapa a nuestro control», ha declarado. Pero los propios datos oficiales cuentan otra historia: la autoridad del agua de Puerto Rico reconoce que cerca del 65% del líquido que se produce se pierde por fugas y tuberías deterioradas, resultado de años de escasa inversión en infraestructura, agravados por la crisis económica que atraviesa el territorio.
No es la primera vez. Puerto Rico ya vivió racionamientos similares en 2015 y 2020, y su red eléctrica sigue arrastrando secuelas del huracán María, que devastó la isla en 2017. La combinación de fenómenos climáticos cada vez más extremos —vinculados al cambio climático— con una infraestructura que lleva décadas sin el mantenimiento necesario configura una crisis que se repite porque nunca se resuelve de raíz.
Conviene recordar el estatus de Puerto Rico: territorio no incorporado de Estados Unidos, sin representación plena en el Congreso que decide buena parte de su política económica y fiscal. Esa condición colonial no es un detalle histórico: explica, en buena medida, por qué las inversiones en agua y electricidad llevan años posponiéndose mientras la isla encadena crisis tras crisis.
Cuando una gobernadora dice que la sequía «escapa a nuestro control», conviene preguntarse qué sí ha estado bajo control durante todos estos años: y la respuesta, casi siempre, es la decisión de no invertir en la gente que menos puede permitirse esperar a que el agua vuelva a salir del grifo.