Fuente EFE
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes el centro y el oeste de Colombia y dejó, hasta el momento, 132 muertos y más de 570 heridos. El epicentro se localizó en San José del Palmar, en el Chocó, uno de los departamentos históricamente más pobres y desatendidos por el Estado colombiano. El Gobierno decretó el «desastre nacional» y activó un comité de emergencia.
Los datos, según Asocapitales, muestran una distribución desigual del dolor: 60 muertos en Risaralda, 27 en el Valle del Cauca y 13 en el propio Chocó. En Pereira, capital de Risaralda, los rescatistas siguen buscando a personas atrapadas entre escombros de edificios derrumbados. Siete aeropuertos y 18 carreteras quedaron inutilizados, y el temblor se sintió hasta en Panamá y Ecuador.
Quien ha tenido que gestionar la catástrofe es Abelardo de la Espriella, el presidente que tomó posesión hace apenas tres días y que ya se había presentado como partidario de una mano dura inspirada en Bukele y Milei. Ahora anuncia un Puesto de Mando Unificado y asegura, desde X, que «el Estado está presente y actuando». Es fácil prometerlo en un tuit; sostenerlo en el terreno, con hospitales colapsados y aeropuertos cerrados, es harina de otro costal.
Porque conviene no olvidar algo: no es la primera vez que el Chocó paga el precio más alto por un fenómeno natural. Es, históricamente, uno de los territorios con menos inversión pública, peor cobertura sanitaria y mayor abandono institucional del país. Cuando la tierra tiembla, no golpea a todos por igual: golpea más fuerte donde el Estado ya llegaba tarde.
La solidaridad internacional de España, México, Venezuela o la Comunidad Andina ha sido inmediata. Pero la ayuda de emergencia no sustituye la pregunta de fondo: ¿qué va a hacer un Gobierno que llega prometiendo mano dura y recortes con las regiones que, como el Chocó, llevan décadas necesitando inversión y no discursos? Los terremotos no eligen bando, pero sí revelan, sin piedad, a quién ha abandonado antes el Estado.