El PP veta en 41 pueblos la única herramienta legal para frenar la subida del alquiler
Rocío Benítez 
Isabel Rodríguez comparece tras la reunión con Feijóo. Fuente EP
Cuarenta y un ayuntamientos gobernados por el PP en la Comunidad Valenciana han decidido no solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, el mecanismo que la Ley de Vivienda pone a disposición de los municipios para limitar las subidas del alquiler. Sin esa declaración, los propietarios pueden seguir subiendo los precios sin ningún tipo de tope, mientras miles de familias destinan cada vez una parte mayor de su sueldo a pagar el techo bajo el que viven.
El dato no es anécdota: la Comunidad Valenciana concentra una de las mayores subidas de precios de alquiler del país en los últimos años, especialmente en Alicante y Valencia capital, donde encontrar un piso asequible se ha convertido en una tarea casi imposible para jóvenes, familias monoparentales y trabajadores con sueldos medios. La zona tensionada permitiría topar los precios en los contratos nuevos y limitar las subidas a los inquilinos actuales, pero requiere que el ayuntamiento la solicite. Y ahí es donde el PP ha decidido no mover ficha.
¿Por qué un partido que gobierna para todos sus vecinos renuncia a una herramienta que podría aliviar a buena parte de ellos? La respuesta oficial habla de no “intervenir” en el mercado, de miedo a que los propietarios retiren pisos del alquiler o de que la medida “ahuyente la inversión”. Es el mismo argumento de siempre: proteger la rentabilidad de quien tiene varias viviendas antes que el derecho de quien no tiene ninguna. Mientras tanto, el precio medio del alquiler sigue disparado y cada vez son más los hogares que destinan más del 40% de sus ingresos solo a pagar el alquiler, muy por encima del límite recomendado del 30%.
El caso valenciano no es aislado: en toda España, buena parte de los ayuntamientos gobernados por el PP han evitado solicitar la declaración de zona tensionada, mientras que gobiernos municipales de otro signo sí la han pedido, aunque con resultados desiguales por la falta de desarrollo autonómico de la ley en algunas comunidades. La vivienda se ha convertido en el gran síntoma de una desigualdad que crece: quien ya tiene patrimonio inmobiliario se beneficia de la escalada de precios, y quien solo aspira a un techo digno paga cada vez más por cada vez menos metros cuadrados.
Frenar la subida del alquiler no es una cuestión ideológica menor: es la diferencia entre que una persona joven pueda independizarse o siga viviendo con sus padres a los treinta años, entre que una familia pueda quedarse en su barrio o tenga que mudarse a las afueras. Cada ayuntamiento que renuncia a esta herramienta está tomando partido, aunque lo disfrace de neutralidad técnica. Y ese partido, una vez más, no es el de quienes más lo necesitan.
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